“El decreto 1267 es ilegal e inconstitucional”

Con estas palabras, el secretario general de ATE, Roberto Macho, fustigó al Gobierno, tras la presentación judicial que realizamos hoy para interponer la inconstitucionalidad del decreto 1267, que atenta contra los derechos de los trabajadores estatales de la provincia de Mendoza. 

Este decreto vulnera totalmente los derechos de los trabajadores, al postular que si no presentan el libre de deuda, los compañeros contratados cesarán en sus funciones. En pocas palabras, los despiden y no se les renovarán los contratos. Mientras que a los trabajadores de planta permanente y temporaria, les recortarán sus salarios.

“Nosotros venimos a presentar una acción de inconstitucionalidad, junto con una cautelar frente a esto, porque es ilegal e inconstitucional lo que hace el gobernador Alfredo Cornejo. Los adicionales que tienen los trabajadores estatales están dados por ley, no por decreto. Por ende, está vulnerando la legislación provincial y también la nacional: la ley de paritarias nº 24185 y el decreto 955 (aplicación de paritarias)”, indicó el referente gremial.

Recordemos que nuestro sindicato parita en la provincia y si hay alguna modificación laboral de los trabajadores, se tiene que hacer dentro del ámbito paritario y no de manera unilateral como lo hace el Gobierno, a través de decretos.

“Esto afecta a todos los sectores, ya que contratados y prestadores trabajan en negro dentro del Estado, porque el mismo Gobierno quiere tenerlos así. Esa es la primera falencia y el primer incumplimiento de la legislación laboral. Entonces, el primer evasor es el Estado”, puntualizó el secretario general de ATE.

Este accionar llama la atención pero no sorprende, cuando comprendemos las verdaderas intenciones que hay detrás de estas políticas de ajuste: cortar por lo más débil. Mientras por un lado el Gobierno arremete contra las fuentes de trabajo de los estatales, por el otro, perdona deudas millonarias de los grupos económicos privados.

Tal es así, que por ejemplo, “el hecho de querer tercerizar el cobro de impuestos es una muestra más de la privatización que se está viendo en el Estado y de la tercerización del mismo en manos de los negociados con los amigos del poder y los empresarios de turno”, concluyó Roberto Macho.