Rechazamos el proyecto aprobado: Sistema Integral de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Para trabajar en materia de Niñez, nosotros como sindicato definimos dos puntos muy importantes: protagonismo de los niños y Estado como garante de derechos de los mismos. Por lo cual, adherimos a la Ley Nacional 26.061.

El proyecto de ley que impulsó el Gobierno provincial, que ya tiene sanción legislativa y sólo resta su promulgación, intenta violar abiertamente el derecho a la participación, porque no existe un sólo espacio de protagonismo de niños, niñas y adolescentes. 

El Estado tampoco se muestra como garante, porque vuelve a responsabilizar y sancionar a las familias. Pero él no tiene sanción alguna, cuando en realidad sí le corresponde.

La reciente sanción legislativa no supera las falencias existentes, ni las normativas nacional y provincial que ya teníamos. Por tanto, este proyecto de ley aprobado no es más que el desguace de DINAF, junto con el desentendimiento y ausencia del Estado en problemáticas de Niñez.

Si entramos en detalles que fundamentan nuestro rechazo gremial, podemos mencionar los siguientes artículos:

En el artículo 8, tendríamos que saber cuál es el monto actual, ya que tiene que ver con el presupuesto asignado a Niñez, pero no lo sabemos. Es conveniente colocar un presupuesto determinado, conociendo previamente el presupuesto general provincial, para saber cuánto le corresponde concretamente.

Actualmente, con la muerte del niño y la corresponsabilidad de la nueva ley, se expresa sanción para el cumplimiento de los padres y no del Estado. Esto deja claro que en esta normativa el Estado es subsidiariamente responsable. Y suele ser el mayor violador de derechos de niños. Cuando tenemos el deceso de un niño, no se puede culpar a las familias o a los trabajadores de OALes, es el Estado que mantuvo ciertas metodologías de trabajo, pese a los constantes reclamos que venimos manifestando desde hace 3 años.

El Ministerio de Seguridad no puede intervenir ante las denuncias efectuadas al 102. Es una aberración, porque la Policía no tiene las competencias necesarias y es perjudicial para los niños, ser atendidos por fuerzas de seguridad en lugar de equipos especializados de profesionales y administrativos de OALes.

En cuanto al artículo 15, referido a los convenios con los municipios, el proyecto no deja nada claro. No se sabe qué organizaciones van a intervenir. Habría que ampliar la posibilidad de convenios y esto no se ha hecho en 3 años, ni se va a hacer, porque la ley posee una tendencia a establecer totalmente lo contrario.

En relación a la Dirección de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, debería proteger los derechos de los mismos. Pero es un debate ideológico que evidentemente, el Gobierno no va a dar.

Por otro lado, habría que agregar funciones que impulsen la elaboración de protocolos de actualización y actuación interinstitucional. Pero no las nombra, no configura un proyecto específico, ni toma los conocimientos de los trabajadores. Son 3 ó 4 abogados que discuten esto, lo llevan a las cámaras legislativas y se sanciona, desconociendo por completo la realidad.

Continúan con la idea de desarmar los equipos de trabajo en los OALes, para crear los ETI (Equipos Técnicos Interdisciplinarios). Pero cuando hablan de su conformación, mencionan los títulos de Minoridad y Familia, los cuales ya no existen, porque el trabajo debe ser versado en Niñez, Adolescencia y Familia. Nosotros como sindicato agregamos Discapacidad, porque también nos parece importante.

En el artículo 36 habla de la creación del Consejo Provincial Niñez, Adolescencia y Familia, pero entendemos que este organismo tendría que tener cierto grado de autonomía respecto de la Subsecretaría de Desarrollo Social. No lo tiene porque quieren controlar las políticas.

Definitivamente, la flamante ley es un sistema de control y no de derechos. Al igual que lo es el Código Contravencional y las leyes que van en contra de los derechos de los empleados estatales, como la modificación de la ley 560. Sin dudas, son normativas que se corresponden con la ideología neoliberal del Gobierno, que dirige sus políticas a una clara ausencia del Estado.

Cuando menciona la figura del Defensor, le da la potestad a la Bicameral de Niñez, la cual no puede jamás tener potestad sobre esto. Es un proyecto de reestructuración de DINAF. Se debería llamar así y no ley. Porque continúa sosteniendo todos los aspectos vinculados al paradigma de situación irregular. Y nosotros a eso decimos NO.