Emergencia silenciosa en el Estado: ¿qué empresa puede funcionar con empleados “quemados”?
El Estado, en su rol de motor y proveedor de servicios, se asemeja a una gran corporación: su llamado capital más valioso es su “capital humano”, el ejército de empleados públicos que atiende, gestiona y produce. Bajo esta lógica simple, surge la pregunta central en este análisis: ¿a qué empresa le conviene que sus empleados estén mal? La respuesta es clara: a ninguna. Cuando el personal de una organización se encuentra agotado, la productividad se desploma, la calidad del servicio cae, el clima laboral se enrarece, y los talentos huyen, independientemente de los incentivos salariales. Si además los sueldos son magros se acrecienta la inestabilidad laboral y la asistencia de salud es deficiente, el panorama se vuelve catastrófico. En la pospandemia mendocina, con un sistema público visiblemente afectado, la falta de abordaje en salud mental y en especial del síndrome de burnout en el empleo estatal plantea una inquietante verdad: un Estado con empleados enfermos es un Estado condenado a funcionar mal.
La Provincia de Mendoza tiene mucha responsabilidad en esta crisis. Un estudio del Observatorio de la Universidad Siglo 21 (2019) ya identificaba a Mendoza entre las ciudades de Argentina con niveles altos de agotamiento laboral, un síntoma clave del burnout. Esta cifra, previa a la pandemia, ha sido superada por las estadísticas nacionales según la consultora Bumeran, donde el 91% de los trabajadores encuestados afirmó haber padecido el trastorno en el último año, con reportes que indican que hasta el 94% de los argentinos se siente “quemado”. Este contexto nacional de saturación se proyecta con urgencia sobre el empleado público mendocino, profundizando el deterioro con la reforma del estatuto del empleado público.
Burnout: la enfermedad de un servicio roto
El corazón de este problema es el síndrome de burnout, un fenómeno que va más allá del simple estrés o del “estar cansado”. Científicamente, es una respuesta psicológica al estrés laboral crónico de carácter interpersonal y emocional.
Se caracteriza por un deterioro que se manifiesta en tres dimensiones críticas:
- Agotamiento Emocional (AE): sentimientos de agotamiento extremo, mental y físico.
- Despersonalización (DP): deterioro afectivo manifestado en actitudes y conductas negativas hacia los usuarios o compañeros.
- Baja Realización Personal (RP): deterioro cognitivo que implica la pérdida de la ilusión por el trabajo y una sensación de ineficacia.
Un trabajador del Estado que sufre burnout pierde su capacidad de empatía, opera con desgano y se siente ineficaz. Es la antítesis de la eficiencia que la ciudadanía demanda del Estado. El deterioro de la calidad de vida es la consecuencia sistemática de este estrés crónico, según confirman los análisis sobre la población argentina.
La cifra inquietante de la sobrecarga pospandemia
El sector de la salud pública, del que la provincia de Mendoza no es ajena, es considerado el “foco rojo” de esta sobrecarga. Los datos, aunque provengan de un hospital universitario de Buenos Aires, reflejan una dinámica de riesgo aplicable a todo el personal de salud mendocino y, por extensión, a otros sectores esenciales del Estado.
Prevalencia comprobable en salud: un estudio realizado durante la segunda ola de COVID-19, en un hospital universitario de la provincia de Buenos Aires, arrojó una prevalencia de burnout del 38% en su personal de salud.
Factores de riesgo científicamente asociados: los factores que se asociaron al burnout en ese estudio fueron ser médico o kinesiólogo respiratorio, así como sexo femenino, edad joven, o tener mayores horas de trabajo. Estos factores, ligados a la exposición y a la carga horaria, se replican en el personal de atención al público, docentes y otros sectores clave del Estado mendocino.
Contexto de origen: la pandemia generó globalmente una sobrecarga del sistema y un agotamiento mental, emocional y físico del personal.
Esta sobrecarga, que no se alivió tras el pico de la emergencia, se trasladó a las arduas tareas de la pospandemia. Si el 38% del personal de salud está “quemado”, ¿qué sucede en áreas igualmente saturadas como Rentas, Anses, las escuelas o las oficinas de trámites?
La triple desasistencia: Mendoza en riesgo
La Mendoza pospandemia se enfrenta a un problema de triple desasistencia en el sector público, un obstáculo para la eficiencia administrativa:
- El burnout no es una enfermedad profesional
A pesar de su alta prevalencia y sus devastadores efectos, el burnout y el estrés laboral no están incluidos en el listado de enfermedades profesionales de la Ley 24.557 en Argentina. Este vacío legal tiene un impacto directo en el empleado público:
Responsabilidad de la ART: aunque hubo un avance en la Justicia, con fallos como el del caso “Becalli, Rosana Elsa c/ Banco Comafi S.A. y otro” en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que falló a favor de una trabajadora por burnout y estrés laboral, el reconocimiento no es automático. La Justicia tuvo que establecer el nexo causal con el ambiente laboral hostil para que la ART respondiera, determinando una responsabilidad objetiva directa de la aseguradora.
Falta de prevención estatal: el fallo también señaló que el empleador no había adoptado medidas para prevenir situaciones de ambiente hostil, ni había realizado exámenes médicos periódicos. El Estado mendocino, como empleador, ¿está cumpliendo con esta responsabilidad de prevención, o expone a sus empleados a las mismas fallas que el sector privado ya padece?
- La crisis de OSEP y el desamparo
En este contexto de emergencia de salud mental, la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) debería ser el primer bastión de contención. Sin embargo, si la obra social presenta fisuras, limitaciones y amplias falencias en la cobertura de salud mental, se produce un círculo vicioso: el trabajo enferma al empleado, y el sistema de salud que debe curarlo lo desatiende. La falta de acceso a abordajes interdisciplinarios en un momento de crisis incrementa la frustración y cronifica el problema. Como así también la falta de operatividad descripta en la ley 26657, que en Mendoza no se aplica.
- Consecuencias extremas: suicidios y fuga de talentos
El agotamiento laboral no es sólo una cuestión de “mal clima”, es un factor de riesgo para trastornos graves. La prevalencia del burnout, al traducirse en deterioro cognitivo y afectivo, conduce al ausentismo, al maltrato al usuario y a la pérdida de ilusión por la tarea.
En su forma más crítica, el burnout se asocia a la depresión mayor y a otros trastornos que pueden derivar en la tragedia del suicidio, con cifras récord en el último año. El aumento de casos de suicidio, o intentos de suicidio en la población de empleados públicos, constituye la manifestación más extrema y trágica de un sistema que ha fallado en proteger a su gente. La reducción de la eficacia profesional y la desmotivación llevan a la inacción, o a la renuncia del personal más valioso, haciendo que las oficinas públicas funcionen con un rendimiento muy por debajo del óptimo.
La inviabilidad de un Estado ausente
El Estado mendocino, como cualquier empresa, debe responder a su “capital humano”. Si las oficinas estatales se rigen por un clima laboral tóxico, si la productividad está comprometida por el agotamiento crónico de su personal, y si la desasistencia conduce a la pérdida de vidas, la pregunta inicial se invierte y se convierte en una certeza: el Estado tiene mínimas o nulas posibilidades de funcionar bien cuando sus empleados están mal.
A modo de conclusión, resulta imperativo que el Gobierno de Mendoza adopte una perspectiva de gestión moderna, reconociendo el burnout como una amenaza a la eficiencia pública. Se necesitan programas integrales de salud mental aplicados al ámbito laboral, una reforma en la asistencia de OSEP para priorizar la salud mental, y sobre todo, una evaluación seria y sistemática de la prevalencia del burnout en todos los sectores, comenzando por aquellos que atienden en contexto de encierro, asistencia territorial en la calle y directamente al público. De lo contrario, los efectos negativos de la desmotivación, la baja producción y la fuga de talentos seguirán pagándose con la ineficiencia del Estado y con la salud de sus servidores.
Departamento de Salud Mental
ATE Mendoza
