Manifestamos nuestro más enérgico repudio a la imputación de la secretaria general de la CTA Autónoma Mendoza
Desde nuestra asociación sindical y central obrera rechazamos la criminalización de la protesta social que aplica el Gobierno para disciplinar a los que luchan en defensa de los derechos y necesidades de las bases. Seguiremos adelante con las medidas de fuerza que decidan las asambleas, en cada sector de trabajo y calles de toda la provincia de Mendoza. Nos solidarizamos con la compañera, con más fuerza y unidad de todos los trabajadores que representamos.
En la tarde de la jornada de este miércoles 17 de mayo, la Justicia imputó a Romina Castro, secretaria general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma Mendoza y referente del Departamento de Discapacidad de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza. El motivo, participar de un plan de lucha de más de 80 días que libramos por salarios y condiciones dignas de trabajo, el cual contó también con la detención e imputación de otros representantes gremiales de nuestro Consejo Directivo Provincial, incluidos nuestros secretarios, general y adjunta, Roberto Macho y Adriana Iranzo.
Vale recordar que la libertad a manifestarse frente a los atropellos de las patronales y las necesidades de los trabajadores, son derechos que están garantizados por la Constitución Nacional, la OIT y demás tratados internacionales.
Sin dudas, el gobierno de Rodolfo Suarez continúa con este nefasto avasallamiento de derechos, persiguiendo a los que encabezan luchas colectivas en defensa de reivindicaciones impostergables. La Justicia actúa acorde a sus intereses, como poder netamente dependiente del gobierno de turno, sirviendo además como eslogan ejemplificador de la campaña política que venden mediáticamente al país: “En Mendoza no hay piquetes”. Una clara muestra del perverso avance que mantiene el Poder Ejecutivo en la criminalización de la protesta social, con la complicidad del Poder Judicial y los medios de comunicación hegemónicos, muy bien pautados, sobre todo en un año electoral como lo es este 2023.
“Acabo de ser imputada por el incumplimiento del Código 194, donde habla de entorpecimiento en la vía pública. Me han tomado huellas digitales por defender a la clase trabajadora. El año pasado estuvimos realizando distintas marchas durante 84 días, defendiendo a compañeros y compañeras con bajos salarios, que no tenían dignidad laboral. No obstante, el Gobierno y la Justicia de Mendoza tienen esta forma de responder: condenando las protestas”, apuntó Romina Castro, al salir del Polo Judicial.
Los gobiernos sucesivos de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez se enorgullecen de su política de orden y progreso neoliberal, persiguiendo a trabajadores y sindicatos, es decir, a quienes lideran luchas colectivas, para acallar reclamos que urgen a las bases de cualquier sector o ámbito laboral.
En realidad, “¡criminalizan la protesta social! Ese es un objetivo de gobierno que va a seguir ahora de la mano de ellos y todos sus allegados en el poder. Sin embargo, nosotros como trabajadores, vamos a seguir firmes. Vendrán más imputaciones y persecuciones, pero nosotros vamos a estar presentes en la defensa de los derechos y necesidades de la clase obrera. Desde ATE y CTA Autónoma vamos a dar la lucha y dignidad por cada uno de los trabajadores de la provincia de Mendoza”, enfatizó nuestra representante sindical.