Basta de criminalizar la protesta y perseguir a los que luchan
Los principales referentes de nuestra conducción sindical concurrieron hoy, miércoles 31 de julio, al Palacio de Justicia, para participar del juicio en su contra por las imputaciones vertidas en el año 2022, luego de los más de 80 días de lucha que libramos en las calles, para reclamar por mejoras en las condiciones salariales y laborales de los trabajadores estatales de la provincia de Mendoza.
Un extenso y arduo conflicto que trajo muchas conquistas para las bases, como también problemas legales para los dirigentes gremiales que estuvieron al frente de esa lucha, contrariando a un gobierno que pretende reflejarse frente al resto del país, como la provincia modelo del orden y el castigo a quienes protestan para defender los derechos de compañeros y compañeras estatales de todos los sectores estatales de trabajo que representamos.
Vale destacar, que ATE Mendoza es el sindicato mayoritario que encabeza 14 de las 19 paritarias provinciales, donde se negocian de manera colectiva las condiciones de trabajo y de salario de la clase trabajadora. Un gremio combativo e inmenso, que también es un pilar fundamental de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, la cual brega por las necesidades de miles de trabajadores, tanto estatales como privados, a lo largo de todo el país.
No obstante, el Gobierno Provincial mantiene una clara impronta autoritaria y represora, siguiendo la línea que pregona el Gobierno Nacional, acallando los justos reclamos que la clase trabajadora, con sus dirigentes sindicales al frente de las batallas, vierten en las calles de manera pacífica.
Según sus gobernantes, Mendoza no es la excepción a esto, sino el ejemplo disciplinario dentro de esta cuestión, ya que desde hace años sigue pasando exactamente lo mismo: el régimen gubernamental actual de la provincia condena si estás en contra de las políticas salariales que ellos imparten. El resultado de esto no deja mucho por prever, ya que vas imputado, perseguido y preso.
De hecho, así lo padecieron en varias ocasiones nuestros referentes sindicales, quienes fueron verdaderos presos políticos de este gobierno, luego de ser reprimidos, imputados y condenados, por luchar por salarios dignos para los trabajadores Municipales de la Ciudad de Mendoza, en plena pandemia. Sin olvidar, el encarcelamiento de nuestro secretario general y la detención de otras dirigentes gremiales, tras encabezar un conflicto en el año 2022, que nos llevó a manifestarnos más de 80 días en las calles y lugares de trabajo de toda la provincia de Mendoza, en reclamo por mejoras salariales urgentes para las bases.
Así las cosas, seguimos adelante y no bajamos los brazos, con una defensa inclaudicable de los miles y miles de trabajadores que representamos. Por eso, entre otros representantes de organizaciones sociales y sindicales, hoy tenemos a cinco dirigentes gremiales de ATE y CTA Autónoma Mendoza imputados por defender los derechos de la clase trabajadora: Roberto Macho, Secretario General, Adriana Iranzo, Secretaria Adjunta, Roberto Podio, Secretario de Comunicación y Romina Castro, Secretaria de Derechos Humanos. Todos ellos comenzaron un proceso judicial, simplemente, por protestar por un salario digno.
Las imputaciones fueron realizadas sobre las medidas de fuerza que desarrollamos en el año 2022, por la violación del artículo 194 del Código Penal: entorpecimiento de la vía pública. La instancia de la que participaron durante la jornada de hoy nuestros dirigentes sindicales es una audiencia preliminar a juicio.
Desde nuestra asociación sindical y la central obrera que integramos exigimos el cese de estas maniobras represivas que atentan contra los derechos de las personas que habitan este país, y que además están contemplados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
¡Basta de criminalizar la protesta social y de perseguir a quienes conducen la defensa de los derechos de los trabajadores!
