Destapamos el trasfondo de la operación judicial contra la conducción de ATE Mendoza

Nuestros dirigentes sindicales son las víctimas elegidas por el gobierno provincial de turno, para demostrarle al resto del país las consecuencias de pelear por tus derechos. Un modelo pragmático de orden y ajuste, que marca una sintonía con las políticas que pregona y lleva adelante el Gobierno Nacional.

En realidad, nuestros referentes gremiales son víctimas de un sistema político represor y autoritario, que manipula la Justicia acorde a sus intereses: acallar los justos y legítimos reclamos de las personas que conducen las instituciones sindicales, las cuales fueron creadas bajo estatutos societarios y normativas constitucionales, que mantienen dicho fin u objetivo en común, que es ni más ni menos que defender los derechos de la clase obrera.

Vale recordar, que las causas judiciales por las que imputaron a nuestros compañeros y compañeras son por no respetar el artículo 194 del Código Penal (entorpecer la vía pública), al realizar reiteradas medidas de fuerza en el año 2022, en una lucha que duró más de 80 días en las calles y reparticiones de nuestra provincia, en reclamo por mejoras en las condiciones laborales y salariales de los más de 20.000 trabajadores que representamos en diferentes sectores estatales de trabajo.

Otro dato que llama la atención consiste en la coincidencia, casual o causal, de las fechas designadas para desarrollar las audiencias judiciales con respecto a la apertura de las mesas de negociación colectiva: las paritarias.

Sin dudas, hablamos de un aspecto que deja entrever un perverso mecanismo gubernamental para ejercer presión, sobre quienes son elegidos por sus afiliados para representar y defender de la mejor manera sus derechos laborales.

Más allá de los hechos concretos de persecución y criminalización de la protesta, que imponen los gobiernos de Alfredo Cornejo y Javier Milei, de la mano de sus funcionarios y legisladores más acérrimos, como son Patricia Bullrich y Rodolfo Suárez. Sin olvidarnos de los oportunos fiscales instruidos para tal misión en esta región cuyana, Fernando Giunta y Darío Tagua, quienes presentan testimonios con más incoherencias que precisiones, pero que siguen al pie de la letra la estricta línea que baja desde el Ministerio Público Fiscal: condenar a los que luchan.

¿Y quién es la figura sindical más combativa y reconocida, que permanece desde hace años al frente de uno de los sindicatos más representativos y fuertes de la provincia y la Nación? Sí, Roberto Macho, Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) – Consejo Directivo Provincial (CDP) Mendoza.

O sea, para la patronal el caso condenatorio y ejemplificador cierra por todas las aristas que uno pueda llegar a analizar, para lograr instalar a Mendoza como una provincia “ordenada” a nivel social, político y económico, como de hecho, el mejor alumno del presidente se encarga de propagar mes a mes por los medios hegemónicos de comunicación, pero también a nivel judicial.

Por eso, Cornejo quiere meter preso a Macho, junto con los demás dirigentes sindicales de ATE, que también están imputados por luchar. Una operación maquiavélica, propia de gobernantes que optan por infundir el miedo en los demás, antes que respetar las herramientas contempladas por Ley, Constitución Nacional y recomendaciones de los tratados internacionales de Derechos Humanos, que los trabajadores tienen para hacer valer sus derechos.