Alentamos la formación y los espacios de discusión para generar actitud crítica en estudiantes y trabajadores

Representantes de las 3 centrales obreras en lucha (CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores y CGT) participaron este martes del Debate sobre la cuestión económica y social en la Argentina y Mendoza, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNCuyo. 

Las interesantes exposiciones rondaron en reclamos puntuales que los trabajadores estatales y privados manifiestan en cada jornada de lucha: reforma laboral; reforma previsional; nuevo Código de Faltas; reforma del Estatuto del Empleado Público (decreto ley 560); reforma del Código Procesal Laboral; inflación y salarios; y el acuerdo con el FMI.

Básicamente, la idea de esta charla estuvo centrada en escuchar y compartir las intervenciones con los estudiantes, sobre los problemas que atraviesan los trabajadores como consecuencia de las políticas de endeudamiento y ajuste que el Gobierno ejecuta en toda la provincia y el país, dentro de una profunda crisis económica y social.

A continuación compartimos las palabras más destacadas de Roberto Macho, secretario general de ATE y CTA Autónoma Mendoza:

“Hoy acá están las 3 centrales que existen en la provincia. Valoramos este espacio de discusión que nos brindan. Lo peor que podemos hacer como trabajadores y pueblo es ocultar nuestra historia y realidad, necesitamos saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nuestro gremio se creó en 1925 y a lo largo de los años formó parte de distintos lugares de discusión que marcaron el movimiento obrero. Así, ATE perteneció a la CGT en una primera instancia y después, en el 98 pasó a integrar la CTA.

Estamos sumergidos en una crisis, producto del fracaso de las políticas económicas del Gobierno Nacional, que entre otras cosas lamentables, han dejado sin trabajo a más de 400.000 personas en todo el país; más de 60.000 son estatales y casi la mitad pertenece a nuestra asociación sindical. Al día de hoy sólo hemos podido reincorporar a 300 compañeros.

Sin embargo, debemos recordar que el 51% del pueblo argentino votó a esta gestión. Y si uno hace una autocrítica, el 51% de los estatales también la eligió. Por eso, frente a este dato nos tenemos que parar como sujetos críticos de las realidades que tenemos.

La reforma laboral que hoy atraviesa a todas las centrales sindicales no se pudo implementar a nivel nacional como un paquete armado, por lo que bajó a las provincias en distintas partes, más allá de la resistencia de los trabajadores. Compañeros de organismos nacionales que representamos en el INTI, INTA, Agricultura Familiar, SENASA, CONICET, Fabricaciones Militares (Río Turbio) padecen en carne propia el ajuste y desguace que aplica este gobierno neoliberal. 

Un gobierno que acordó plata con el FMI para seguir solventando los negociados de sus propias políticas, que benefician a los que más tienen y perjudican a los que menos.

Los tarifazos son un claro ejemplo de ello, así como también lo son la quita de subsidios, la eliminación de programas nacionales que traen como consecuencia la supresión de programas y recursos provinciales.

Sin dudas, esto forma parte de la receta de ajuste que pregona el FMI, la cual provoca que el Estado deje de ser garantista de los trabajadores y del pueblo en general, en un repetitivo modelo de gobierno que los argentinos ya conocimos bien con Menem, De La Rúa y ahora Macri.

Es una crítica constructiva la que hacemos, para tener en cuenta la historia, poder cambiar el presente y no quedarnos como agua estancada que luego se pudre.

Los sindicatos no se crearon para hacerles frente a los gobiernos, sino para defender y mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora; y para que el trabajador dignifique su vida como tal.

Eso se consigue a través de un CCT (Convenio Colectivo de Trabajo), como el que alcanzó el sector de Salud, dentro del ámbito paritario. Un acuerdo que sirvió para resguardar la estabilidad laboral, amenazada por las políticas de ajuste que el Ejecutivo provincial aplica.

El espiral inflacionario que el Gobierno ha profundizado, nos ha recortado salarios. Y por más que consigamos un aumento del 40%, luego queda desactualizado al siguiente mes.

Las modificaciones del Código Procesal Laboral y del decreto ley 560 que Cornejo impulsa atentan contra los derechos de los trabajadores de los ámbitos privados y estatales, atacando las posibilidades y tiempos de defensa de los primeros y reformando el régimen disciplinario que tienen los segundos.

El Ejecutivo dice que en la provincia de Mendoza hay 95.000 estatales, pero en realidad hay 110.000. Pasa que no cuenta los 15.000 que tiene en negro, porque una persona que trabaja con una prestación o contrato no tiene la culpa de estar en esa condición, la tiene el patrón, que es en este caso el Gobierno provincial.

Al modificar el régimen disciplinario contemplado por el Estatuto del Empleado Público, se extienden los tiempos establecidos para sumariar y despedir trabajadores por inasistencias o faltas injustificadas. De los últimos 6 meses que se contabilizaban, lo llevan a los últimos 5 años. Con esto, aquellos compañeros que tengan 50, 55 ó 60 años van a ser despedidos. Así lo anunció el legislador Bondino, cuando en el tratamiento de las reformas reconoció que iban a empezar con 700 sumariados.

De esta manera, la realidad que vemos cada día con el gobierno de Macri, la tendremos también a nivel local con este nuevo embate de Cornejo, gracias a la aprobación de estas aberrantes modificatorias que provocarán una ola de despidos. 

Despidos que para el Gobierno representan sólo números, pero para los trabajadores significan dejar a una familia entera sin la posibilidad de llegar a cubrir la canasta básica familiar.

Desde ATE vamos a presentar la inconstitucionalidad de estas reformas que repudiamos totalmente, porque van en contra de las constituciones, los pactos internacionales y las recomendaciones de la OIT.

Así como también vamos a presentar las resoluciones finales de un importante Primer Congreso Cuyano de Niñez, Adolescencia y Discapacidad que realizamos en nuestro gremio con interesantes disertaciones y talleres, que contaron con la participación de numerosos trabajadores, delegados y dirigentes gremiales de todo el país. Una de las conclusiones más destacadas fue la de plantear la necesidad de contar con un Estado garantista de los derechos universales que posee todo niño, adolescente y persona con discapacidad. Derechos que se ven vulnerados por este gobierno a través de un proyecto modificatorio de la ley provincial de Niñez y Adolescencia.

A lo largo de los años, el movimiento obrero fue adquiriendo cada vez más fortaleza que le daba apertura para plantear distintas cuestiones. Pasaron las gestiones gubernamentales y decidieron poner un freno a través de una polémica y nefasta normativa (Ley Antiterrorista) que tiene su correlato en la ejecución de las políticas represivas e inconstitucionales que sufrimos hoy los trabajadores, el pueblo y los dirigentes sindicales.

El nuevo Código de Faltas (Código Contravencional) es la herramienta que ahora tiene el Gobierno para repartir multas, imputaciones y prisión por doquier, coartando los derechos de huelga y la libertad de expresión de todo ciudadano que se digne a cortar una ruta, hacer una asamblea o participar de una masiva marcha.

Alentamos la formación y los espacios de discusión como elementos indispensables dentro de la actitud crítica que debemos tener los trabajadores y estudiantes para hacerle frente a las políticas neoliberales que padecemos. La clase trabajadora debe ponderarse y construirse fuertemente como gobierno real de los trabajadores”.

 

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