CTA Autónoma Mendoza alza la voz popular contra los ajustes en las áreas sociales del Estado

Nuestra Central se manifiesta contra los recortes de presupuesto y trabas burocráticas que están aplicando los grupos de poder, complicando el normal funcionamiento de organizaciones barriales, simplemente por el hecho de no contar con una afiliación político-partidaria, que discriminan los gobiernos de turno a la hora de asignar recursos y personerías jurídicas. Una situación problemática que se agudiza en años electorales, mientras cada vez hay más niños y niñas que permanecen con hambre y derechos vulnerados.

La República Argentina es un país que siempre se caracterizó por tener amplios recursos y materia prima, como para alimentar y cubrir las necesidades básicas de todos los habitantes del territorio nacional. El problema es que las clases gobernantes que llegaron al poder, priorizaron sus negociados e intereses personales, sobre el bienestar colectivo para lo cual fueron elegidos mediante el voto el popular.

No obstante, los de abajo la seguimos peleando para defender los derechos de la clase obrera frente a los atropellos patronales, pero también para solventar las necesidades de las familias obreras que nucleamos, enmarcados en una coyuntura atroz, que profundiza la crisis política, social y económica del país en general.

La creciente inflación, el constante aumento de la canasta básica alimentaria y el progresivo nivel de pobreza, son las consecuencias que enfrentamos por los flamantes acuerdos con el FMI y las recetas de ajuste que estos conllevan.

“No queremos que el ajuste lo paguen los más vulnerables, ya que la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional requirió de un recorte del 30% en todo lo concerniente a Desarrollo Social de la Nación. Nuestra Central se manifiesta en contra de estos avasallamientos, porque ya lo están sufriendo los merenderos barriales y las demás organizaciones sociales que se dedican a contener y ayudar a miles de familias”, fustigó Sergio López, secretario de Acción Política y Social de la CTA Autónoma Mendoza, al tiempo de considerar que “la real distribución de la riqueza no existe. Se jactan de sostener proyectos nacionales y populares, mientras después firman reducciones de presupuesto en áreas tan sensibles para la sociedad”.

Otro de los inconvenientes que padecen las asociaciones civiles tienen que ver con los letargos burocráticos que aplica el Gobierno de Mendoza para otorgar las personerías jurídicas solicitadas en tiempo y forma. Entendiéndolas como herramientas legales fundamentales para acceder a la designación de recursos, subsidios, programas y proyectos, con una previa y obligatoria fundamentación.

“Las personerías jurídicas están trabadas por diferentes cuestiones. Una de ellas es la saturación de solicitudes que existe, ya que hay muchas asociaciones creadas para operar políticamente. Es un instrumento legal que utilizan muchas veces para bajar fondos y utilizarlos con otros fines, muy alejados de la contención social que persiguen las organizaciones barriales, como merenderos y comedores, por nombrar algunas”, comentó el representante sindical, al aclarar que “las organizaciones sociales que realmente necesitan la personería, pero no tienen un padrino político, se las traban. Por eso, remarcamos el reclamo desde nuestra Central para agilizar estas cuestiones, con el debido control que promueven ahora, pero que sea para todos por igual”.

El letargo en las esperas que enfrentan las asociaciones civiles no afecta sólo a las personerías jurídicas solicitadas, sino también a los reiterados pedidos de mercadería, vestimenta o colchones, que se realizan en la Dirección de Contingencia Social de la Provincia de Mendoza, como en las diferentes direcciones sociales de cada municipio.

Recursos a los que acceden las organizaciones sociales, salvo que sea un año electoral como este 2023, cuando hay un montón de asociaciones que están en lista de espera, aguardando que los llamen, mientras crecen las necesidades concretas de las familias que reciben esa ayuda para poder subsistir.

“Son problemas que existen continuamente, pero se intensifican en años electorales, cuando la afinidad y las negociaciones políticas direccionan el destino de los recursos. Desde nuestra Central exigimos la NO discriminación hacia las organizaciones sociales que presentan pedidos en tiempo y forma, respetando los protocolos correspondientes, pero que no están bajo ninguna bandera político-partidaria. No queremos que usen los recursos sociales como herramientas políticas de las campañas electorales de turno”, puntualizó Romina Castro, secretaria general de la CTA Autónoma Mendoza.

Además, de ninguna manera podemos permitir que los problemas y disputas internas de los partidos políticos afecten la atención y cobertura de las necesidades de las familias, que se transforman en rehenes de la discriminación que ejercen las autoridades municipales, provinciales y nacionales, a la hora de racionalizar recursos, según las personas vivan en un departamento afín o no al Gobierno.

Reclamo histórico

Uno de los bastiones de lucha que sostiene nuestra Central desde hace años consiste en entender que no puede haber un solo pibe sin comer.

“Tenemos un país con tantas riquezas, tierras y materia prima para elaborar alimentos, que no podemos concebir porcentajes tan altos de pobreza, que crecen año tras año de manera exponencial. Es lamentable, porque otros países quisieran contar quizás con la cuarta parte de esto, pero no pueden. Mientras, acá, los intereses que realmente se reconocen son los de las grandes corporaciones, que forman parte de los negociados de los amigos del poder. Un capítulo que nos conduce a lo mismo: la injusta distribución de la riqueza”, alegó la representante sindical.

Una inequidad que va de la mano con los ascendentes indicadores de pobreza, la falta de oportunidades laborales y educativas, que influyen directamente en la alimentación de los más pequeños.

“Somos un país que posee una población joven y activa, que evidentemente no estamos cuidado como deberíamos, desde el punto de vista de la salud física y mental. Necesitamos alcanzar cambios estructurales de fondo. Un pibe que se acuesta sin cenar, ni tener una comida saludable en el día, no sólo va a tener dificultades para aprender en la escuela, sino también después cuando crezca, en su vida laboral, va a ser un adulto con muchas carencias”, lamentó Romina Castro.

Conclusiones

El Estado es el primer garante en sostener y contener a la población. Resulta contradictorio con la realidad del país, que en momentos donde se están multiplicando la cantidad de chicos y chicas que van a pedir comida a las organizaciones barriales, o familias que recurren a los comedores populares para al menos, brindarles a sus hijos una comida diaria, el Estado recorta recursos en las áreas sociales, tan sensibles como necesarias.

Las familias no tienen solvencia económica para poder darle de comer a sus niños, por eso, estos llegan a un merendero, que tampoco tiene alimentos porque el Estado recorta los recursos y quita las herramientas que tienen estas asociaciones para poder contener a las familias. Pasa lo mismo en los centros de contención social que dependen del Gobierno Provincial, como son los hogares que albergan a niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Si a esto le sumamos la discriminación que hace la clase política en la mayoría de los municipios, el resultado es siempre el mismo: el eslabón más noble y vulnerable es el que no recibe alimentos, ni ropa de abrigo.

Hoy, lo que debería ser un derecho de todas las organizaciones sociales, que cumplen un rol básico y fundamental, como servir de cinturón social, tratando de contener y sostener para que no se caigan más pibes del sistema, por falta de comida y oportunidades de permanecer en las instituciones educativas, esos fondos están direccionados de manera discrecional según la pertenencia o afinidad política que tenga la asociación civil.

Muchas de ellas, surgieron luego de la crisis del 2001. Son organizaciones y movimientos sociales que pertenecen al pueblo. No son botín de ningún espacio político-partidario.

La alimentación es un derecho universal de las personas. En la Argentina no podemos aceptar que niños y niñas no tengan para comer, con familias desocupadas que tampoco pueden contenerlos. Es un flagelo terrible que nos duele como sociedad, pero también nos moviliza a luchar para revertir esta situación, para lograr ser un país sin hambre, con trabajo y techo para todas las personas.