Denunciamos importantes irregularidades en la paritaria de Desarrollo Social

Nuestro gremio presentó un listado de reclamos a la patronal, frente a las adversas condiciones laborales que padecen los trabajadores del sector. Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), Dirección General de Protección de Derechos de Niños/as y Adolescentes (DGP), Dirección de Discapacidad y Dirección de Adultos Mayores, fueron las reparticiones que se trataron al respecto, para buscar soluciones concretas a las bases.

Más allá de luchar por los acuerdos salariales cada año, ATE Mendoza mantiene una impronta combativa también sobre todo lo relacionado con mejoras en las condiciones de trabajo. Desde hace tiempo, venimos realizando asambleas de trabajadores y solicitando audiencias paritarias para encontrar respuestas a la cantidad de irregularidades existentes en el sector estatal mencionado.

Falta de condiciones edilicias; falta de personal; falta de capacitación de personal; manejo irregular de fondos; pases a planta; y pago por función efectiva, son algunos de los puntos centrales que quedaron asentados en las actas paritarias, que firmamos durante la jornada de este lunes 24 de abril en la Subsecretaría de Trabajo, agotando todas las instancias de diálogo posibles.

“Es triste lo que pasa en los sectores más vulnerables de la provincia, donde hay hogares de niños, personas con discapacidad, adultos mayores y chicos con problemas de conducta, que el Gobierno desatiende. Las reiteradas falencias de políticas de Estado y de gestión han generado una profunda crisis. Por eso, denunciamos todas las irregularidades, que constatamos con fotos, testimonios y demás pruebas de las mismas”, relató Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE Mendoza, luego de afirmar que “el Gobierno tiene que ser garantista de derechos, de los mismos que están contemplados en la Ley 26.061 (Protección de Niños, Niñas y Adolescentes). Hoy, los trabajadores que cuidan a niños, jóvenes y adultos, están en negro, precarizados, con personal escaso y casas alquiladas para albergar a tanta población, sin medidas de seguridad”.

Una cruda realidad que atraviesa a toda la sociedad, sobre todo a las facciones más necesitadas y con la falta de oportunidades de un Estado que permanece ausente.

En este mismo sentido se expresó Romina Castro, secretaria general de la CTA Autónoma Mendoza y referente del Departamento de Discapacidad de ATE Mendoza, al puntualizar que “hablamos de lugares que deben cuidar a las personas, pero sabemos de manera fehaciente que no es así. Desde antes de la pandemia que venimos realizando diversas denuncias sobre las malas condiciones edilicias que tienen los hogares. Visibilizamos estas situaciones para que el Gobierno se de cuenta cómo tiene a estas personas, que tienen derechos reconocidos por organismos internacionales y no se los respetan. Vamos a agotar todas las instancias, realizamos todos los procedimientos administrativos, constancias de denuncias en Fiscalía de Estado y en el Ministerio de Trabajo de la Nación”.

Otro dato adverso que poseen estas reparticiones consiste en que más de la mitad de los trabajadores están precarizados, bajo las distintas modalidades que tiene el Gobierno para tenerlos en negro, como son los contratos, prestaciones, voluntariados y becarios.

“Todavía nos queda alcanzar un remanente de pases a planta de trabajadores que ingresaron desde 2015 a 2019, para los cuales tenemos que mejorar sus condiciones laborales y estabilidad. Además, también solicitamos capacitación al Estado, para que cada compañero sea más idóneo en su función. Con respecto a esto, los trabajadores compran sus propios insumos y se capacitan de manera individual porque el Gobierno no da respuestas, incumpliendo las obligaciones que tiene”, fustigó la representante de nuestra central obrera.

Por otro lado, estamos elaborando denuncias por violencia de género y exigimos la aplicación de la Ley Micaela en las reparticiones destacadas, ya que los sumarios administrativos no se están realizando con perspectiva de género. “Es importante relevar en la provincia los casos de violencia que tenemos, tanto en lo laboral como en lo institucional. Por eso, marcamos precedentes importantes con estos escritos”, subrayó Romina Castro.

En esta misma línea profundizó Roberto Podio, secretario de Comunicación de ATE Mendoza, al señalar que “hay una clara falta de políticas para con los trabajadores en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ). Hicimos varios planteos, uno de ellos fue sobre la formalización del horario de trabajo y el sistema de guardia con el que trabajan. El Gobierno sigue reteniendo la plata de los trabajadores, ya que tenemos más de una decena de los mismos que no perciben la totalidad su salario, por la falta de la incorporación de adicionales específicos que les corresponden. La escasez de personal también es otro problema recurrente, ya que en los últimos 6 ó 7 años tenemos 70 compañeros menos en el ex COSE, en puestos que necesitamos poder cubrir, junto con los elementos de bioseguridad indispensables, la ropa de trabajo, la formación y capacitación adecuadas”.

Tras presentar distintos pedidos de auditorías de seguridad e higiene en hogares que albergan a niños, jóvenes y adultos mayores, también lo hicimos en la Mesa de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza. Dentro de aproximadamente un mes, volveremos a sentarnos en la mesa de negociación colectiva, para seguir tratando los reclamos que presentamos por cada una de las áreas laborales de Desarrollo Social que nucleamos.