Presentamos una crónica completa de la lucha por la dignificación salarial de los trabajadores Municipales de Capital

Brindamos detalles específicos del conflicto que llevamos adelante en la comuna citadina, donde ni las constantes represiones, detenciones ilegales e imputaciones van hacer que claudiquemos en la búsqueda de recomposiciones salariales para los más vulnerables. Consecuencias de una batería de represiones patronales contra una legítima reivindicación. Realizamos denuncias por violencia de Género e Institucional. Repudiamos todas las formas de violencia. Respetando las metodologías que nos permite la pandemia, no vamos a bajar los brazos hasta que los compañeros sean dignificados con un salario acorde al costo real de la canasta familiar.

Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE Mendoza, participó de todas las jornadas de lucha, soportó el avasallamiento patronal y unificó a mujeres de diferentes sectores para doblegar esfuerzos en el frente de batalla municipal, tras relatar que “hace 36 días comenzó el conflicto con los compañeros Municipales de Capital, en el cual vivimos situaciones realmente angustiantes y dramáticas, propias de las épocas dictatoriales en nuestro país, con prácticas aberrantes que creímos que iban a quedar en la historia.

Hoy entendemos la frustración que se siente al hacer reclamos justos, centrados en lograr que los trabajadores ganen un salario digno, según las tareas y horas de trabajo que realizan, frente a las represalias que ejecutan los partidos que se enquistan en los municipios a través de los patrones feudales (jefes comunales), con hostigamiento, opresión y vulneración de derechos laborales para mantener esclavizadas y precarizadas a las bases.

De esta manera, la patronal mantiene sometidos a los trabajadores: si hablan o no hacen caso, los amedrentan y castigan, les descuentan horas trabajadas y les aplican clientelismo, discriminando pagos salariales para algunos nomás.

Desde que empezó este conflicto, las Mujeres de ATE nos pusimos al frente de la vanguardia en la lucha por lo que nos pareció una buena causa junto a Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza, y todo el Consejo Directivo Provincial (CDP).

Lo que nos costó creer fue la falta de consideración de Ulpiano Suarez, intendente de la Municipalidad de Capital, y Érica Rojas, secretaria de Gestión Pública en el municipio citadino, que nunca quisieron acordar. Ellos decían que no era el momento y que no se podía, pero nosotros les mostramos las cuentas de recaudación y posibilidades que existían, sobre todo con la empresa Santa Elena, a la que destinan mucho dinero pero igual utilizan insumos y materiales estatales para complementar sus servicios.

Las multas y el no blanqueo de las tarjetas de estacionamiento en Ciudad también formaron parte de los planteos que realizamos como gremio, para hacerles ver que sí tienen dinero, porque es una comuna que recauda aún en tiempos de pandemia. Mientras el aumento que solicitamos para los trabajadores es ínfimo, para poder dignificar sus salarios. Teniendo en cuenta que por las mismas tareas, al personal de la empresa privada se les paga $45.000 y a los propios del municipio, básicos que rondan los $10.000 y $13.000.

Argumentaron que no había forma de solucionarlo, sin siquiera querer dialogar. Los compañeros empezaron a permanecer en sus lugares de trabajo y nosotros los acompañamos. Al ver la cantidad de carencias que padecían, porque tanto ellos como sus familias comían una vez al día, comenzamos a realizar ollas populares.

El día sábado 13 de junio ocurrió la primera represión en el predio de la UCIM, cuando se presentó una fiscal y nos advirtió que iban a desalojar porque necesitaban cerrar el lugar. Nosotros no entendíamos por qué, si se trataba de compañeros que cumplían con sus horarios habituales de trabajo y mantenían la retención del débito laboral en reclamo por mejoras salariales y de condiciones laborales, respetando todos los protocolos y medidas de bioseguridad dispuestas.

La fiscal intentó mediar pero no lo hizo nunca, porque sólo traía órdenes de desalojar, que acatábamos con la condición de dejar 10 personas en el lugar, que luego rebajamos a 4, hasta que volvió con la orden de reprimir.

Los compañeros decidieron resistir, porque se querían quedar en su lugar de trabajo. No estábamos haciendo nada ilegal y el reclamo era justo y noble, el cual también acompañaban las familias de los mismos trabajadores, porque era un reclamo pacífico.

Desde la tarde empezaron a llegar más de 150 efectivos policiales y de Infantería de Mendoza. Todos estábamos angustiados y con miedo, porque veíamos que su intención era desalojarnos a los golpes, si se podía.

Ahí nos quedábamos sentados en el piso, debajo de la bandera, cuando comenzaron a tirarnos gases lacrimógenos, con bombas para generar cortinas de humo, que demostraron un claro objetivo intencional de darnos entre las piernas. Nuestros compañeros intentaban ayudar, pero nosotras estábamos ahogadas y descompuestas por el humo, con compañeras diabéticas que su azúcar subió a 600 (mg/dl), mientras asistíamos a otras asmáticas y quemadas por los proyectiles. Realmente fue una acción muy dramática, pensada y dirigida hacia a las mujeres que estábamos al frente de esta situación.

Como se ve en los videos, su accionar no fue pacífico, ya que su idea era reprimir, generando dolor y daño. Por eso creemos que hubo violencia de Género y violencia institucional contra los derechos constitucionales, tanto colectivos como individuales de las personas, sobre todo con el ataque desmesurado hacia las mujeres.

Soy una persona muy red dependiente e intenté viralizar, pero me bloquearon las cuentas. El intendente de Capital aduce mensajes patoteros, pero a mí me mandan mensajes mafiosos con fotos que señalan que me van a matar o fusilar. Esto viene con la idea de generar una concreta violencia sobre los pobres y los trabajadores.

Esa jornada fue muy traumática, ya que tuvimos muchos compañeros con lesiones, de los cuales las compañeras fuimos las más atacadas y damnificadas.

No obstante, con el paso de los días decidimos seguir con la lucha por un reclamo justo y nos trasladamos a la Base de Preventores, ubicada en calles Belgrano y Las Heras de Ciudad. Allí, mantuvimos las medidas de fuerza y continuamos insistiendo con el diálogo.

Entre que sí y que no, nos indican que presentemos una propuesta el día sábado 27 de junio, para lo cual formulamos tres propuestas, que luego la patronal optaría por una. El problema fue que nos armaron una emboscada, porque cuando reunimos a los compañeros para analizar la resolución de una de las propuestas presentadas, llegó la segunda represión.

Cuando aparecieron los policías para reprimir empezamos a salir corriendo desde el gremio hasta las áreas donde se encontraban los demás compañeros, en Preventores y Tránsito. Allí llegó Infantería, mientras la Policía nos corría por las calles. Gracias a que nos pudimos esconder, no sufrimos nuevas lesiones en manos de otro embate dictatorial.

El espanto nos invadió y volvimos a hacer una nueva marcha para pedirle al jefe comunal que abriera una instancia de diálogo, que terminara con la violencia y represalias que estábamos sufriendo.

Como los compañeros no veían solución, tomaron medidas individuales que el gremio no consensuó, por entender que no había necesidad de seguir con el castigo patronal de revictimizar al trabajador por ser pobre. Ellos querían encadenarse y coserse la boca, pero eso no lo aceptamos de ninguna manera.

Pasaron tres días los compañeros encadenados en Peatonal y San Martín, donde ayudaron muchas organizaciones sociales, barriales y políticas que se solidarizaron con los Municipales de Capital, al igual que las Mujeres de ATE, que nos sentíamos parte de esta legítima lucha.

Nunca hubo voluntad política de dialogar. Los compañeros pasaron los días más fríos del año en Mendoza, ahí en la Peatonal. Apareció la oposición, la gente de Izquierda y miles de organizaciones sociales, pero del Gobierno nadie.

En la madrugada del día domingo 5 de julio comenzaron a decir que teníamos que cumplir los protocolos de bioseguridad por el COVID 19, medidas que seguimos respetando completamente y que se pueden evidenciar en las imágenes registradas.

Nuestro gremio no tiene compañeros infectados, como si comenzaron aparecer en distintos sectores, pero el blindaje interpuesto también lo quiere tapar. Esta es la realidad de un sistema dictatorial que mantiene el radicalismo hace 36 años en la comuna citadina, oprimiendo a los trabajadores.

Sin olvidar que la pandemia profundizó aún más la crisis en los hogares de los trabajadores Municipales de Capital. Creímos que era momento de dar una pelea justa por reivindicaciones dignas, sin dejar de buscar el diálogo.

Ulpiano Suarez nunca nos atendió el teléfono, porque él solo quería pegarles a los pobres trabajadores y ensañarse con las mujeres que participaban del reclamo.

El mediodía de ese mismo domingo la situación fue desesperante, porque mandaron nuevamente a reprimir y desalojarnos a todos, en lo que fue la tercera represión, que tuvo un episodio cuasi fatal, tras el infarto de un compañero que llevaba varios días a la intemperie. Más otros hechos de violencia que quedaron registrados en videos, cuando la Policía ahorcaba compañeros y forcejeaban con mujeres para desalojarlas.

Me puse un casco para resistir los golpes en la cabeza, pero una policía que me tenía marcada me lo sacó, mientras me pegaron una piña que me desmayó. Me pisaron las manos y luego me arrastraron por el piso provocando daño en la cervical y luxación en el hombro. Nos llevaron detenidas ilegalmente sin respetar tampoco ningún protocolo ni medidas de bioseguridad donde nos hacinaron.

A la patronal no le importan las necesidades del trabajador y menos de los que reclaman. El odio manifestado contra las mujeres que luchamos quedó evidenciado con prácticas propias de la Dictadura.

La violencia institucional que ejerce la patronal sigue manteniéndose, a través de un decreto que saca con un aumento miserable y en negro, que no contrarresta en nada la indigencia que padecen los trabajadores.

Respetando las metodologías que nos permite la pandemia, vamos a seguir en lucha y no vamos a bajar los brazos hasta que los compañeros sean dignificados con un salario igual a sus pares y acorde al costo real de la canasta familiar”.

Marco legal

Nuestro abogado, Sergio Vignaud, tuvo la oportunidad de brindar detalles concretos de las acciones legales que realizamos frente a las reiteradas represiones sufridas, al indicar que “el miércoles 8 de julio se formuló denuncia en Violencia Institucional, la que tiene el número P50812 del 2020, que fue incoada por Roberto Antonio Macho, secretario general del CDP de ATE Mendoza, y Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE Mendoza, Romina Castro, Carina Amalia Noyas, María Rosa Gaete, Laura Ayala y Elizabeth Ortubia.

Dicha denuncia por violencia institucional fue realizada en contra de los funcionarios policiales por la totalidad que participaron de los actos de represión acaecidos los días 13 de junio y 5 de julio del corriente año. Además, también se realizó contra los fiscales Correccionales, doctores María Mercedes Moya y Mauro Monticone. En estos últimos casos se hizo la reserva de incoar jury en su perjuicio.

La denuncia también fue presentada contra el intendente de la Capital, Ulpiano Suarez, y los siguientes funcionarios municipales: Daniel Zabala (inspector de Ruidos Molestos); Rubén Zavi (Higiene Urbana); Leonardo Luis Quiroga (director de Higiene Urbana); y contra los supervisores Raúl Celan; Rubén Argañaraz; Esteban Jofré; Jorge Rosales; Olga Saravia; Jorge Páez; Rafaela Molina (capataz); en Dirección de Espacios Verdes y Arbolados, Ivanna Natalia Klimisch (directora); Alfredo Perramon (supervisor); Andrea Hidalgo (ingeniera); Ángel Montaña (supervisor); Juan Pablo Flilice (secretario de Higiene Urbana y DEVA); en Parque Cerrado, Leonardo Mesías (encargado); Omar Maza (encargado de playa); en Tránsito, Gustavo Becerra (director); Germán Díaz (supervisor); en Preventores, Alejandro Echegaray (supervisor); Gerardo Porte (supervisor); Andrés Gómez (supervisor de Cementerio); Lorena Andía (escribiente guardia de Preventores); Fernando Silva (chofer de secretariado); Mario Campos (secretario de Seguridad Ciudadana); y Marcelo Alejandro Viñolo.

Esta denuncia se hizo en la Fiscalía de Violencia Institucional porque esta parte entendía que existe una práctica estructural de violación de derechos por parte de los funcionarios pertenecientes en primer término a las Fuerzas de Seguridad, en segundo a los funcionarios judiciales y en tercero a los funcionarios de la Municipalidad de Capital, por los actos de persecución en perjuicio de la gente que realizaba el derecho de huelga.

Independientemente de que todo el contexto ha sido de público y notorio conocimiento, se adjuntaron los certificados médicos junto con los videos de la represión que ha acaecido víctima la gente no solamente de ATE, sino la propia del municipio. A sabiendas que hay un derecho de huelga que tiene un privilegio constitucional que es superior a todos los demás actos acaecidos por parte de estos funcionarios”.

En este sentido, Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza, ofreció otras aristas de las acciones legales que desarrollamos, junto con un firme pedido de justicia y dignidad para los trabajadores Municipales de Capital, al aclarar que “la denuncia penal que efectuamos estuvo realizada en tiempo y forma, lamentablemente por la vulneración de nuestros derechos constitucionales, colectivos e individuales. Es una denuncia que lleva consigo a distintos funcionarios por varios motivos: la permanente persecución de la que sobran antecedentes desde el año pasado y las burdas mentiras que emitieron para reprimir a compañeros que desarrollaban una retención del débito laboral.

Las tres represiones que sufrimos están debidamente constatadas, no solo por los certificados médicos, sino por el registro audiovisual de todo el proceso. La complicidad con la que actuó la Justicia nos llevó a elevar la denuncia a fueros nacionales e internacionales.

Las compañeras reprimidas, quemadas, golpeadas, desmayadas y con aprensiones ilegales junto a muchísimos compañeros, fueron de público conocimiento, tras las aberrantes represiones que sufrimos por parte de la Policía de Mendoza, con órdenes directas del Gobernador, Rodolfo Suarez, y de su sobrino, Ulpiano Suarez, intendente de la Municipalidad de Capital. Tenemos gran cantidad de testigos para refrendar esto.

Repudiamos todo hecho de violencia y de represión. Debemos tener presente que todavía al día de hoy, después de haber suspendido el conflicto y que los compañeros han empezado a trabajar, siguen las persecuciones en donde ahora se está sumariando a los compañeros y se los intenta echar de su lugar de trabajo, al cerrarles sus lugares de marcación nuevamente, sacarles de su lugar de trabajo y aplicarles descuentos salariales.

Estos modos de persecución fueron presentados ante la Justicia, para que actué y se dejen de cometer estos flagelos contra el pueblo de Mendoza, porque los trabajadores son parte del mismo y no merecen sufrir estas injusticias.

Sin dudas esto ha excedido el ámbito laboral, trasladándose al penal, porque se vulneraron derechos humanos fundamentales, como es el de comer.

También es de público conocimiento que el intendente de Capital tuvo que reconocer que hay trabajadores muy por debajo del salario mínimo, vital y móvil.

Desde ATE Mendoza queremos que se haga justicia y que sean imputados los distintos funcionarios por haber cometido todos estos hechos ilícitos”.

Para concluir, Adriana Iranzo subrayó que “vamos a revelar los sueldos de privilegios que ganan los funcionarios y exponer la precarizada situación salarial de los trabajadores”.

En asambleas, los trabajadores rechazaron el bono de miseria y en negro que la patronal anunció por los medios de comunicación. Exigimos un aumento salarial al básico de revista, que ayude a los trabajadores a poder cubrir los costos reales de la canasta familiar.