Rechazamos esta reforma laboral con recorte salarial a los trabajadores de la Salud
Nuestro gremio volvió a participar del debate en comisiones legislativas, aportando observaciones y consideraciones contrarias al conjunto de proyectos que buscan reformar el sistema sanitario provincial. Reafirmamos que el ámbito paritario es el lugar democrático donde se tratan las cuestiones inherentes a cualquier modificación de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores del sector.
Hoy, lunes 4 de marzo, asistimos nuevamente a la Legislatura para participar del debate en las comisiones de Salud, LAC y Hacienda de la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza. Allí, planteamos la firme posición de ATE, en defensa de las leyes y derechos que conquistamos a lo largo de estos años, gracias a la lucha obrera que encabezó nuestra asociación sindical.
“Con la Emergencia Sanitaria quieren eliminar el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) del Régimen 15 (Ley 9068), que ATE creó para los trabajadores no profesionales de la Salud. Así, pretenden cercenar la estabilidad laboral, con cambios de funciones, lugares de trabajo, entre otros aspectos, a voluntad de la jefa de Recursos Humanos de un ministerio”, alertó Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza, luego de fustigar que “es una locura desmembrar el sistema sanitario y eliminar la estabilidad laboral de los trabajadores. Por otro lado, quieren que el sector privado ocupe los cargos del sector estatal. Eso es una clara privatización de la Salud Pública”.
Vale aclarar que, la postura que pudimos exponer hoy desde ATE, brinda ciertos aportes y consideraciones, para modificar la Ley sin atentar contra los derechos de los trabajadores.
La Ley de Radiólogos establece una licencia especial para los compañeros y compañeras que se exponen a rayos ionizantes, de 30 días cada 5 meses de trabajo. “Esto se tiene que seguir aplicando, porque ese lapso es lo que genera que un trabajador radiólogo pueda recuperarse, frente a la cantidad de rayos a los que se somete. Más ahora, que el 15% de la población mendocina ha dejado de tener obras sociales y mutuales, para pasar a atenderse en el sistema público. Por ende, la demanda de radiología, tomografía y toda la aparatología que tiene rayos ionizantes, es mucho más alta. El trabajador tiene que contar con la recuperación necesaria, a través de las licencias que están reglamentadas por Ley, que el Gobierno pretende eliminar”, consideró nuestro referente sindical.
Otro aspecto consiste en el tradicional mecanismo de recupero de fondos, que es la plata que cobra el Ministerio de Salud a las obras sociales, ART, mutuales, prepagas, consulados, seguros, entre otros, por prestar atención sanitaria a personas que cuentan con estos servicios.
En este sentido, Roberto Macho explicó que “el Poder Ejecutivo pretende crear una unidad privada que, si bien sería estatal, contaría con abogados privados. En realidad, es un trabajo que, desde hace años, lo realizan trabajadores estatales. Además, el 40% del dinero que ingresa a esa unidad organizativa se tiene que repartir entre los trabajadores, porque así está contemplado por Ley. Los trabajadores ya lo vienen percibiendo en sus bonos de sueldo, con los respectivos aportes de jubilación y obra social. El Gobierno quiere eliminar esto porque, en definitiva, pretende hacer un recorte salarial a los trabajadores de la Salud, para entregárselo a un grupo de abogados amigos del poder de turno. No lo vamos a permitir”.
Advertencia que ratificó Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE y CTA Autónoma Mendoza, al explayarse sobre otros puntos relevantes que atentan contra los derechos de las bases, indicando que “con este conjunto de 26 proyectos, el Poder Ejecutivo coarta la posibilidad de elegir a su defensor a las personas con discapacidad; no contemplan a la Ley de Salud Mental, que es fundamental para los trabajadores como para la sociedad mendocina en general; mientras sobre los Licenciados en Enfermería, atentan contra sus funciones, condiciones laborales y salariales, quedando relegados a la voluntad y decisión del Gobierno. Esto es vulnerar CCT y normas internacionales. Frente a esto, planteamos que las reformas deben discutirse en el ámbito paritario. No imponerse de manera autoritaria y unilateral, al estilo mileísta”.
Para concluir, el secretario general de ATE Mendoza dejó un claro mensaje con una premisa fundamental que sostenemos desde que comenzó todo este debate en comisiones legislativas, al adelantar que “si estos proyectos no llegan a discutirse en el ámbito paritario, ya que el Poder Legislativo ocupará el lugar del Poder Ejecutivo, se van a terminar judicializando. Y ya sabemos cómo termina eso. Si bien vamos a movilizarnos y a estar presentes en las calles, hay que respetar las instituciones y los ámbitos democráticos de negociación colectiva”.
